El lamentable espectáculo mediático vivido en nuestro país en relación con el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa que solicitó la eutanasia en el año 2023 y cuyo cumplimiento se vio aplazado durante casi dos años debido a un proceso judicial en el que se han dado hasta cinco resoluciones cualificadas, nos ha situado ante límites que, como sociedad, no podemos permitir en ningún modo.
Mucho se ha expuesto, con un abusivo sectarismo, sobre la vida de la joven y no es mi intención ahondar más en la realidad de una vida claramente sufriente. Lo que resulta especialmente despreciable son las referencias que se han leído y escuchado sobre el trabajo llevado a cabo por los y las profesionales que han intervenido en todo el proceso, tanto en el caso de la administración autonómica catalana, como de las diferentes instancias judiciales.
El desconocimiento sobre el trabajo que llevan a cabo profesionales de psicología, trabajo social, educación social o sanidad, entre otros, en programas y actuaciones en casos de desestructuración y vulnerabilidad familiar, solo es entendible desde una ignorancia deliberada y una actitud negacionista de los problemas que surgen, exclusivamente, en el ámbito de la familia y las relaciones interpersonales, y que, lamentablemente, tienen que ser abordados por los sistemas y servicios públicos de ayuda y protección a las familias y, sobre todo, a los menores. Resulta infame hablar de la labor del Estado o de los servicios sociales como de una trama de funcionarios que “les quitan” a los padres, arbitrariamente, la custodia sobre sus hijos, poniendo en duda unos procedimientos garantistas, ajustados a criterios objetivos y al cumplimiento de las normas que nos hemos dado cuando existe abandono, negligencia o conductas claramente peligrosas contra los hijos. En toda mi experiencia formando a profesionales de estos servicios siempre he sido conocedor de la tremenda dificultad –incluso angustia– que supone tener que tomar decisiones de estas características.
En el mismo sentido ha ocurrido con quienes valoran y deciden acerca de las solicitudes de eutanasia. Menospreciar y poner en cuestión su labor –como se ha hecho con los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña– hasta convertirla en algo parecido a un “pelotón de ejecución”, solo se entiende desde un fanatismo, religioso, ideológico o de cualquier otro tipo, que niega y desprecia la libertad de una persona para poner fin a su propia vida cuando existe un sufrimiento insalvable e irreparable. Como si la existencia de una ley que regule estas situaciones permitiera a estos profesionales, frívolamente, acabar con la vida de cualquier persona.
No podemos permitir que las y los profesionales responsables de estas complejas funciones sean tratadas con la ligereza con la que lo han sido. El fracaso social de estos casos no está en su labor, sino en el de las conductas y decisiones personales que afectan a la crianza y deber para con los hijos que se traen a este mundo. Es cierto que existen muchos márgenes de mejora en los programas y actuaciones de protección a familias y menores, así como en la aplicación de la ley de eutanasia, pero no olvidemos que los problemas en la vida de Noelia Castillo, como la de tantos y tantas menores en nuestro país, no comenzaron cuando los servicios sociales y las instancias judiciales tomaron decisiones, sino cuando la irresponsabilidad o negligencia en su crianza condicionó desdichadamente su vida.